EN EL CAMPO, LAS ESPIGAS

Entre otras cosas que salieron a la luz con el último conflicto del campo, hubo voces que se levantaron para denunciar la situación de los trabajadores que desempeñan sus tareas en el oficio rural.

Algunos datos que difundió Clarín, interesantes para analizar:

Hay solamente 325.000 trabajadores registrados de 1.300.000 que trabajan en el campo.
Esto quiere decir que un millón de personas no tienen obra social cuando se enferman, aportes jubilatorios para cuando lleguen a viejos, asignaciones familiares para sus hijos y familias, ni están bajo la protección del Estado o los sindicatos.

El sueldo promedio de los empleados de todo tipo en blanco fue de $1.900 el año pasado, pero en el campo el sueldo promedio fue de $1.100 y más de la mitad de los trabajadores ganaron menos de $900.

El trabajo de niños y mujeres para tareas pesadas es también muy común en las actividades agrícolas, sobre todo en el norte argentino, donde hay grandes plantaciones yerbateras, algodoneras y tabacaleras.

La semana pasada hubo un allanamiento en algunas quintas productoras de huevos de gallina, a pocos kilómetros de Buenos Aires. Allí, inmigrantes bolivianos eran obligados a trabajar jornadas de 14 horas junto con sus hijos para poder cumplir con la producción, bajo condiciones de salubridad intolerables. Por las noches todo el lugar era electrificado para que no pudieran escapar.

Sería bueno preguntarnos quién se preocupa por esta gente.
¿Los empresarios del campo? Ellos son los que mantienen a sus empleados en estas condiciones.
¿Los gobernantes? No parecen dispuestos a regular una actividad que puede llevarlos a pagar un costo político muy caro.
¿Los otros argentinos?

No se escucha el eco de las cacerolas cuando los pobres bajan la cabeza y siguen trabajando.

LO QUE LLEVAMOS PUESTO

El viernes 4 de abril Clarín publicó una pequeña nota en la que entre otras cosas se podía leer lo siguiente:

"La policía bonaerense allanó un taller textil clandestino que funcionaba en la localidad de Haedo, en el partido de Morón, donde 15 ciudadanos bolivianos indocumentados eran obligados a trabajar y a vivir en el lugar condiciones infrahumanas."

"En el lugar se secuestraron 5 máquinas de coser, 6 máquinas overlock, una mesa de corte de tela, gran cantidad de etiquetas de afamadas empresas, unas 700 prendas listas para ser comercializadas y 160 rollos de telas de color azul."

Lejos está de ser la primera vez que se descubre algo así. Desde hace más de dos años que esta práctica salió a la luz pública y muy poco es lo que se ha hecho para erradicarla. En octubre de 2006 el Fiscal Federal Patricio Evers recibió un informe de La Unión de Trabajadores Costureros y la cooperativa La Alameda que da cuenta de la ilegalidad existente en la producción de las prendas de las siguientes marcas: Mimo, Gabucci, Kill, Tucci, Chocolate, Martina Di Trento, Yagmour, Ona Saez, Cueros Crayon-Cueros Chiarini, Claudia Larreta, Portsaid, Awada-Akiabara, Normandie-Nmd, Muaa, Puma, Topper, Adidas, Duffour.

Para deslindar responsabilidades las empresas no contratan directamente a los costureros ni son los dueños de los talleres clandestinos. Ellos "mantienen sus manos limpias" porque contratan los servicios de talleres textiles independientes de sus empresas, que son los que hacen el trabajo sucio.

Algunas de las formas comunes de esta explotación cotidiana son extensas jornadas de trabajo, pago a destajo y por prenda, pago en negro, reclutamiento mediante engaños, superexplotación abusando del altísimo nivel de vulnerabilidad social de los costureros y sus familias; situaciones de semiencierro o de reducción a la servidumbre; exposición a afecciones pulmonares como la tuberculosis, alimentación precaria y situaciones de intimidación bajo diversas formas.

Está clara la responsabilidad directa que cabe a los dueños de los talleres y por supuesto a las empresas que comercian con ellos simplemente para bajar un poco más sus costos y poder subir sus márgenes de ganancias. También es bastante clara la responsabilidad del Estado que no cumple con su papel de regulador del trabajo, haciendo valer los convenios colectivos, regulaciones sobre salubridad, empleo en blanco, los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales.

Pero si bien estos 3 actores (dueños de los talleres textiles, empresas que compran el resultado de este trabajo conociendo sus condiciones, Estado) son claramente responsables, ¿qué sucede con los consumidores?

La pregunta ética siempre debe estar referida a nosotros, antes que demonizar a un tercero, no porque éste no tenga responsabilidad, sino porque en general resulta un movimiento para ocultar nuestra propia incumbencia en el asunto.

¿Acaso tomamos un momento en averiguar cómo fue hecha la ropa que vestimos? ¿O preferimos presentarnos ignorantes frente a las vidrieras de los shoppings, simples consumidores que no deben preocuparse por estos temas?

Recuerdo cómo hace unos meses los consumidores se pudieron poner de acuerdo para no comprar tomate y esa acción hizo que el precio bajara y fuera accesible nuevamente. ¿A nadie se le ocurre que puede hacerse algo similar con alguna marca de ropa, exigiendo que produzca en condiciones adecuadas para los trabajadores?

Otra posibilidad es elegir seguir como hasta ahora, sin que nos importe cuánto malestar, cuánta pobreza y cuánto maltrato llevamos puestos para estar a la moda.